La Fundación Mbiguá marcó la “falta de transparencia e incumplimiento de la Constitución Provincial en el proceso de la mega obra aprobada por el Senado, que habilita a un endeudamiento exorbitante por parte del estado entrerriano”. La entidad ambiental se refirió al proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo “a celebrar con China State Construction Engineering Corporation LTD un contrato de obra pública con el objeto de ejecutar las obras denominadas Acueducto del Norte Entrerriano-La Paz-Estacas y Sistematización y Distribución de Agua para riego-Mandisoví Chico”, como así también autoriza operaciones de crédito para financiar las obras. Asimismo, la institución puso en duda “la matriz del proyecto, sus supuestos beneficios” y denunció “la falta de respuesta ante un pedido de información formulado hace ya seis meses”, según informó a ANALISIS DIGITAL.La entidad verde analizó en un comunicado: “Diciembre es un mes de novedades delicadas para Entre Ríos. Desde hace cuatro años Fundación M’Biguá publica, en el último mes del año, el resultado de un monitoreo sobre objetivos ambientales planteados en la Constitución provincial que no han sido cumplidos aún”. Y agregó: “También en diciembre suelen aparecer en escena temas ambientales escandalosos. En ese sentido, desde la organización recuerdan que en 2011 se presentó la idea de crear una sociedad anónima para que un pequeño grupo de personas administre más de 150.000 hectáreas de tierras fiscales bajo el nombre de Arroz del Delta Entrerriano S.A. y en 2012 se presentó el proyecto de inversión de 1.500.000 dólares para la perforación de un pozo termal en Paraná”.
“En 2014 quisimos anticiparnos pero fallamos”, lamentaron desde Mbiguá, ante esos antecedentes.
“El 28 de julio solicitamos tener acceso a la información relativa al compromiso asumido con la República Popular China, ICBC y la empresa estatal china de construcciones en relación a la ejecución de acueductos en la provincia de Entre Ríos y ante la falta de respuesta, el 21 de octubre realizamos la correspondiente denuncia ante la Oficina Anticorrupción y Ética Pública de Entre Ríos sin que hasta la fecha hayamos podido obtener información alguna sobre las obras referenciadas”, detalló Diego Rodríguez, director ejecutivo de Mbiguá.
Finalmente y de modo parcial, claro, la información apareció el 29 de diciembre cuando el Senado provincial autorizó al Poder Ejecutivo a tomar un crédito por la suma de 366.000.000 dólares más gastos de comisión a una tasa de 4.5 por ciento +LIBOR para financiar las obras de riego Mandisovi-Chicoy La Paz-Estacas de Entre Ríos.
“Se trata del mayor compromiso financiero provincial para dos obras que aún no tienen licenciamiento ambiental y todo se ha manejado con tal urgencia que la oferta de crédito se mantiene solo hasta el 28 de febrero de 2015, fecha en la cual es imposible cumplir con nuestra propia normativa provincial”, advirtió Rodríguez.
Desde Mbiguá sostienen que surgen dudas “por todos lados” de los datos que emergen de los propios informes oficiales, especialmente en cuanto a la viabilidad económica y ambiental del proyecto.
“Originariamente la obra se presupuesto en aproximadamente 90.000.000 dólares por lo que no se explica el actual incremento. Tampoco han identificado los beneficiarios correctamente, en tanto que para el caso La Paz-Estacas se habla de entre 240 y 633 regantes siendo el promedio de superficie de sus campos de 47 ha., por lo que la viabilidad económica de la obra se ve seriamente comprometida a mediano plazo, más teniendo en cuenta que la mayoría de los propietarios actualmente son pequeños ganaderos que habrán de transformar sus actividades”, indicó.
En tanto que desde el punto de vista ambiental, “gran parte de los suelos serán vertisólicos, suelos muy difíciles de regar y sobre los cuales no hay mayor experiencia en el mundo, lo que no se encuentra claramente explicado en la información actualmente difundida”, puntualizó.
Desde la organización recordaron que “no existen estudios de impactos ambientales aprobados de los dos proyectos actualizados a partir de la intervención de los equipos técnicos chinos, conforme el mensaje del gobernador a la Legislatura” y subrayaron que “un proyecto que integra dos acueductos y reúne características de mega obra de infraestructura, por escala y sumas a invertir, necesita una evaluación ambiental estratégica o por lo menos estudios de impacto ambiental acumulativos”.
En el mismo sentido, desde Mbiguá recordaron cada una de las “grandes deudas” que aún quedan por saldar respecto al incumplimiento de la Constitución Provincial en temas ambientales.
De ese modo, enumeraron:
* Incumplimiento de la reglamentación por ley de la Constitución de la provincia de Entre Ríos en sus cláusulas ambientales y sobre sustentabilidad.
* Inexistencia del marco ambiental.
* Inexistencia de una norma con rango de ley ambiental sobre estudios de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.
* Incumplimiento de la continuidad del debate y convocatoria participada para el ordenamiento ambiental territorial del bosque nativo.
* Sin conformación del ente de política ambiental de acuerdo a lo normado en la constitución de la provincia en su artículo 84.
* Sin presupuesto, normas reglamentarias y personal asignado a las áreas naturales protegidas de la provincia de Entre Ríos, en particular Paraná Medio, delta inferior y departamento Victoria en área de humedales. Sin procesos abiertos de participación ciudadana para la construcción social e institucional de sus planes de gestión ambiental y ordenamiento ambiental del territorio.
* Inexistencia de una política y su legislación que determine el marco para la utilización de los agrotóxicos.
* Falta de debate público y tratamiento de la ley de prohibición del fracking en la provincia
* Penalidades y sanciones no implementados a faltas comprobadas de desmontes ilegales, salvo puntuales excepciones.
* Sin resolución a la construcción ilegal de terraplenes en el Delta destinados a la obtención de nuevas tierras para explotación agrícola (soja).
* Ausencia de una Ley específica para la gestión integrada de los recursos hídricos.
* Inexistencia de un plan estratégico de desarrollo provincial para los próximos 50 años e incumplimiento constitucional de la conformación del consejo económico y social.
* Ausencia de leyes de promoción para el establecimiento de energías alternativas limpias y renovables (art. 83).
Fuente: http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=213180
sábado, 6 de enero de 2018
sábado, 18 de noviembre de 2017
Acueducto chino en Entre Ríos: las dudas son las mismas
La Multisectorial integrada especialmente en rechazo a la ley promovida en la gestión Urribarri en función de contraer deuda y llevar adelante la obra de acueductos chinos en el noreste de la provincia, reúne en estos días toda la información posible acerca del nuevo proyecto de Bordet. Las dudas son las mismas: el costo de la obra, impacto ambiental y potenciales beneficiarios. Se preguntan quién costearía el gasto energético.
La gestión de Gustavo Bordet dio una señal clara el jueves 9 del actual al convocar al bloque de legisladores de Cambiemos y presentar, en ese ámbito, una nueva versión del polémico proyecto de acueductos chinos para el noreste entrerriano. Lo que el Gobierno entrerriano intentó hacer, en un mismo movimiento, fue dejar atrás la propuesta anterior, viciada de sospechas, y al mismo tiempo plantear ante los legisladores una suerte ganga: el crédito está ahí, en buenas condiciones y no es ocasión de dejar pasar la oportunidad.
A su favor, Bordet cuenta con el aliento del Gobierno Nacional para contraer la deuda y hacer las obras.
Concretamente, en el encuentro del jueves el Gobernador propuso conformar una comisión bicameral para hacer el seguimiento de un proyecto productivo integral que incluye el acueducto Mandisoví, caminos, redes de fibra óptica y agua potable.
La gestión de Gustavo Bordet dio una señal clara el jueves 9 del actual al convocar al bloque de legisladores de Cambiemos y presentar, en ese ámbito, una nueva versión del polémico proyecto de acueductos chinos para el noreste entrerriano. Lo que el Gobierno entrerriano intentó hacer, en un mismo movimiento, fue dejar atrás la propuesta anterior, viciada de sospechas, y al mismo tiempo plantear ante los legisladores una suerte ganga: el crédito está ahí, en buenas condiciones y no es ocasión de dejar pasar la oportunidad.
A su favor, Bordet cuenta con el aliento del Gobierno Nacional para contraer la deuda y hacer las obras.
Concretamente, en el encuentro del jueves el Gobernador propuso conformar una comisión bicameral para hacer el seguimiento de un proyecto productivo integral que incluye el acueducto Mandisoví, caminos, redes de fibra óptica y agua potable.
Del proyecto anterior, motorizado por el exgobernador Sergio Urribarri, se cae el acueducto La Paz-Estacas, rechazado hasta por los propios productores. También, se modifican montos: de los 430 millones de dólares que tomaba el Estado entrerriano en créditos a organismos chinos, ahora se habla de un proyecto en dos etapas que suman, en conjunto, 366 millones de dólares.
Sin embargo, en una primera mirada, algunos de los referentes de Multisectorial por la Defensa del Patrimonio de los Entrerrianos, constituida especialmente para rechazar el proyecto de acueductos chinos tal cual lo presentó Urribarri, no observan cambios tan significativos como para diferenciar de modo notable aquella propuesta que calificaron en su momento como “arquitectura de la estafa” a esta que emerge en la actualidad.
RETROSPECTIVA
La Ley N° 10.352, impulsada por Urribarri, autorizó al Poder Ejecutivo “a celebrar con China State Construction Engineering Corporation LTD un contrato de obra pública con el objeto de ejecutar las obras denominadas Acueducto del Norte Entrerriano – La Paz– Estacas y Sistematización y distribución de agua para riego –Mandisoví Chico”. Y lo habilitaba a tomar un crédito “por hasta 430.387.551 de dólares, con más los intereses necesarios” para financiar la construcción de esas dos obras “con los bancos estatales y aseguradoras de crédito de la República de China y con los organismos multilaterales y/o entidades financieras que formulen una oferta de financiamiento para la ejecución de las obras”.
Y para eso, el Gobierno podría afectar en garantía “y/o ceder los derechos de la Provincia sobre las sumas a percibir por el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales”.
Oportunamente, la Multisectorial interpuso una demanda de inconstitucionalidad frente a la iniciativa aprobada, que se fundaba en por lo menos cuatro aspectos: el argumento procedimental, la sospecha de un monumental sobreprecio, la razón ambiental y, como señaló la entonces diputada María Emma Bargagna, el “secretismo” con el que se llevó adelante todo el proceso. La Justicia no avanzó, ni resolvió nada al respecto.
El nuevo proyecto que presenta Bordet intenta despejar algunos aspectos polémicos de la iniciativa de origen: en principio, desaloja de los papeles el acueducto La Paz-Estacas que no era requerido; en segundo término, le da intervención a la Legislatura para transparentar el proceso; y en tercer lugar, compone un plan de obras más amplio, que incluiría no solo el acueducto de Mandisovi, sino también obras sobre la Ruta 6 y Puerto Ibicuy.
El financiamiento proviene, exactamente, del mismo lugar. Son capitales chinos y la constructoras es china. Los legisladores que hablaron con Bordet destacaron la ventaja de un crédito blando, con cinco años de gracia y a una tasa que no supera el 5%. Parecen convencidos y son legisladores, algunos de ellos, firmantes de la denuncia de inconstitucionalidad contra el proyecto original.
No representa la posición de los legisladores de Cambiemos el total de aquella asamblea que reunía a mas de 80 organizaciones, entre partidos políticos, colegios profesionales, gremios, ONGs ambientales, productores, entre otras. Concretamente, para algunos de los referentes de la Multisectorial no hay una distancia tan visible entre un proyecto y el otro, al menos si se lo observa desde los planteos de la asamblea.
Luis Laferriere, entre otros, considera que el cuestionamiento económico persiste: “Todavía no se explica cómo pasamos de un acueducto valuado por el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap) en 40 millones a uno de casi 200 millones; tampoco está claro quiénes son los beneficiarios y no se conoce cuál es el estudio de impacto ambiental o si todavía se remiten al que realizó el Prosap”, asegura.
En otra dirección, lo que se preguntan algunos de los asambleístas es quién asumirá el costo del gasto en energía del acueducto o si acaso irá a cuenta de los productores.
Más allá de la primera foto de Bordet con los legisladores y el aparente beneplácito frente al proyecto, en el corazón de la asamblea que denunció a Urribarri la sensación es que nada ha cambiado tanto como parece. Y en ese sentido, reúnen información y argumentos para comenzar otra etapa de ese debate que se inauguró en diciembre de 2014 cuando el accionar del Gobierno era un secreto para el resto de los entrerrianos.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.
viernes, 17 de noviembre de 2017
Argentina: el asunto de los acueductos chinos en Entre Ríos
A pesar de un amplio rechazo de organizaciones sociales y ambientales y de partidos políticos, la provincia de Entre Ríos en Argentina busca avanzar con la construcción de dos acueductos para el riego de cultivos. La iniciativa será completamente financiada por China y es cuestionada por poco transparente y ambientalmente riesgosa.
El congreso provincial convirtió en ley en enero un proyecto que autoriza al gobierno a endeudarse por US$430 millones para la construcción de los acueductos Mandisoví Chico y La Paz-Estacas. El préstamo fue otorgado por el Banco Comercial e Industrial de China (ICBC) y la obra asignada a la empresa China State Construction Engineering Corporation.
La agricultura es una de las principales actividades económicas de Entre Ríos y de ahí surge el motivo del proyecto. La provincia es la principal productora de arroz, alcanzando a producir 750,000 toneladas por año. Al mismo tiempo, por las características de sus suelos, es la mayor productora de frutas cítricas como naranjas y pomelos.
La producción agrícola está concentrada en el noroeste de la provincia, zona en la que se ubicarán los acueductos. Será el primer proyecto en la provincia financiado por entidades estatales chinas. El proyecto fue rechazado por gran parte de los partidos políticos de la oposición junto con organizaciones sociales y ambientales.
“Es algo que trascendió la cuestión ambiental para transformarse en un amplio rechazo junto a los partidos de la oposición. Incluso las organizaciones agrarias que se verían beneficiadas por los acueductos lo rechazan. Hay mucha indignación por el ocultamiento, las clausulas secretas y la falta de participación social,” afirma Jorge Daneri, abogado y coordinador de proyectos de la Fundación M’Biguá.
Si bien el proyecto involucra dos acueductos, el gobierno comenzará con el denominado Mandisoví Chico, postergando el de La Paz-Estácas para un futuro cercano. La obra del primer acueducto todavía no empezó y se estima que durará tres años, beneficiando a una superficie de riego de 26,700 hectáreas de arroz y 3,336 de frutas cítricas, de acuerdo a estimaciones del gobierno provincial.
El proyecto de Mandisoví Chico es el más antiguo y fue inicialmente anunciado en 2011 por el ex gobernador Sergio Urribarri. La zona donde se ubicaría no cuenta con agua subterránea para riego, lo que vuelve necesario el acueducto, sostiene Cristian Gietz, Director de Hidráulica de Entre Ríos.
El acueducto iba a ser inicialmente financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que luego rechazó otorgar los fondos. Es por eso que la provincia decidió buscar el financiamiento de China, manteniendo la base del proyecto y agregando también el acueducto de La Paz-Estacas, el más cuestionado por las organizaciones ambientalistas y ahora frenado.
“No hicimos una licitación directa, es una contratación directa con China. Era la única manera de conseguir los fondos y eso hizo mucho ruido. Tenemos cinco años para pagar el préstamo con una tasa de interés de 4.5%. El proyecto de Mandisoví es el más avanzado y ya tiene su certificado ambiental. Se habló de una tala de bosques nativos pero no es así. Sólo una pequeña porción del canal pasa por el bosque”, asegura Gietz.
Sin embargo, Daneri no coincide. Las áreas en las que se realizarán los acueductos son una de las pocas de la provincia que todavía conservan bosques nativos, ahora protegidos en Argentina por la Ley de Bosques. Al mismo tiempo, realizar la obra significaría impulsar todavía más los cultivos de arroz y frutas cítricas en la provincia y consecuentemente dar lugar a una mayor deforestación, sostiene.
“Entre Ríos tiene muy buenos indicadores ambientales, con mucha tierra fértil y agua potable disponible. Por lo tanto, no es una obra prioritaria para la provincia. Quienes necesitan de este proyecto están en el resto de Argentina, no en Entre Ríos. Se va a profundizar la concentración de la tierra en menos gente. Realizar un acueducto significa más soja, más arroz y más deforestación”, afirma Daneri.
Críticas a la transparencia
El medio ambiente no es lo único que generó un rechazo hacia el proyecto. Los partidos políticos opositores y las diversas organizaciones cuestionan la falta de transparencia en el préstamo con China, advirtiendo la existencia de cláusulas secretas en el contrato y el poco tiempo de debate del proyecto en el Congreso.
“Todo el proyecto se manejó con un alto grado de secretismo. No se hizo licitación pública y se otorgó directamente el contrato a China. Es un esquema antidemocrático. A los legisladores de la oposición les dieron el proyecto el mismo día de la votación. No se respetaron los valores básicos de la república. Podría terminar siendo un escándalo de corrupción gigantesco”, sostiene Daneri.
Los acueductos son sólo uno más de los proyectos de China en Argentina que han estado envueltos en críticas por falta de transparencia. Ambos países firmaron más de 20 tratados durante el gobierno anterior de Cristina Kirchner y comparten una alianza estratégica, la cual fue cuestionada por incluir supuestas clausulas secretas.
“La falta de transparencia se ha vuelto la norma en los contratos entre China y América Latina. Se aplica especialmente para Argentina y Venezuela. Lo que hace China es garantizar mercado para sus empresas dándole financiamiento barato a gobiernos que tienen acceso restringido al crédito. Los países negocian por separado y no en bloque y pierden poder de negociación”, afirma el economista e investigador del CENIT, Andrés López.
Entre los proyectos firmados, se destacan las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, un emprendimiento de US$4.7 millones de dólares en la provincia de Santa Cruz. El mismo se encuentra en revisión por el gobierno de Mauricio Macri, quien criticó las características del contrato firmado por su antecesora.
Lo mismo ocurre con la estación espacial de China en la provincia de Neuquén, sospechada por un posible uso militar que ha sido siempre negado por China.
“El acuerdo marco de Argentina con China está lleno de anexos y componentes secretos. La parte conocida públicamente es muy chica. El problema es el poder asimétrico de China, que tiene los recursos y América Latina las necesidades. Se incluyen cláusulas que permiten evitar instancias de licitación y competencia abierta para contratar directamente a las empresas y productos chinos”, agrega López.
jueves, 16 de noviembre de 2017
Acueductos, 326% más caros (Solo se hará el acueducto Mandisovi Chico, pero el costo sigue siendo el mismo que se hicieran 2....)
El PROSAP es el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales. Desde su sitio web (www.prosap.gov.ar) define su objetivo con estas palabras: "desarrollar las economías regionales con foco en el sector agro-industrial y especial atención a los medianos y pequeños productores, emprendedores y empresarios rurales, mediante el aumento de la productividad, de los volúmenes de venta y de la competencia en el comercio nacional e internacional".
En el apartado donde informa acerca de los proyectos elaborados por el PROSAP en la jurisdicción Entre Ríos, se incluyen dos acueductos que fueron noticia tras la firma de un convenio para que sean construidos por China: el "Acueducto del Norte Entrerriano (La Paz-Estacas)" y el "Riego en Zona Citrícola y Arrocera Mandisoví Chico".
Respecto del primero, La Paz - Estacas, el PROSAP asegura que "el proyecto tiene un costo total estimado de U$S 47.000.000". En cuanto al segundo, Mandisoví Chico, publica un "costo total estimado de U$S 45.000.000". Si se suman ambas cifras, se llega a la conclusión que para el organismo que ideó ambos proyectos, la inversión no debería superar los 92 millones de dólares.
¿Cuánto cuestan de verdad los acueductos? ¿92 millones de dólares como informa el organismo que elaboró los proyectos o 300 millones de la misma moneda como indica el gobierno entrerriano?
La relación costo beneficio
Por fuera del precio de construcción de las obras, es crucial conocer cuáles serían los beneficios que se obtendrían y a quienes llegarían. También vale indagar acerca del precio que deberían abonar los productores por el acceso al agua.
Acerca del acueducto La Paz - Estacas, el periodista Daniel Tirso Fiorotto consultó desde Diario Uno al ingeniero agrónomo Pablo Benetti, que trabaja en pequeñas chacras de esa zona desde hace años, acompañando la producción de algodón, zapallos, batatas, cebolla, huevos, y los criaderos de pollos y cerdos a muy pequeña escala.
Aquí sus respuestas e inquietudes:
1- Al presentar el proyecto, un Técnico del Prosap expuso como principal objetivo “aumentar la superficie cultivada”. ¿Cómo se podría aumentar, avanzando sobre los reductos de monte que existen en estas 21.000 hectáreas? ¿Consideran que desmontar y sembrar es desarrollar la zona?
2- En estas 21.000 hectáreas existen unos 258 productores, quienes directamente se verían beneficiados por este acueducto. De ellos, solo 28 poseen más de 500 hectáreas, 64 tienen entre 100 y 500 ha. Y el resto, la gran mayoría (166), poseen entre 10 y 100 hectáreas. Estos datos fueron mostrados y pertenecen al relevamiento que realizó el Prosap. Aquí no cuentan la población rural que existe en esta zona. Ya muchos de ellos poseen menos de 10 hectáreas y algunos hasta viven en la banquina de los caminos. Se ve que el Prosap no los tuvo en cuenta ya que, según ellos, no podrían acceder al riego. Como vemos en los números, solo una pequeña porción de la población, 28, serían los potenciales beneficiarios de este proyecto. A los pequeños y medianos productores les sería casi imposible tomar el agua del canal para regar sus campos, por el alto costo, ya que para poder desparramar el agua sobre los campos hay que presurizarla con una bomba y luego esparcirla de alguna forma sobre los lotes. Debemos aclarar que este proyecto no incluye financiamiento intrapredial, o sea: un crédito o un aporte no reintegrable para que los productores puedan acceder al riego en sus campos.
3- Como ya se dijo, la gran mayoría de esas hectáreas están concentradas en pocas manos. De las 21.000 hectáreas, 15.000 son propiedad de los 28 productores que poseen más de 500 hectáreas, y gran parte de estas tierras tiene monte. La deducción es lógica: la construcción de este acueducto primero revalorizaría las tierras y después favorecería el desmonte de lo poco que queda en la región.
4- El costo de la obra en 2012 era de 75 millones de dólares. A un dólar de 8 pesos serían unos 600 millones de pesos, que entregarían a una empresa china que vendría a realizar la obra. Me pregunto qué se podría hacer en la zona con 600 millones de pesos. Este año, desde la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación se dieron créditos en conjunto con Desarrollo Social de la Provincia de 4.000 pesos por productor… Es fácil ver cuánto se podría hacer con 600 millones para alentar una economía con trabajo y sustentable. Ese monto es el doble de los fondos que prometía la Subsecretaría para el incentivo de las pequeñas chacras cada año en todo el país, y que nunca aparecieron. Pero además recordemos que para los dos acueductos de la provincia se habla de 200 millones de dólares…
5- El técnico del Prosap habló de regar los montes, dijo que esto ayudaría a paliar los momentos de sequía. Vuelvo a la misma cuestión: hoy la ganadería tuvo un repunte en cuanto a precios, pero el valor de un ternero en pie está casi igual que hace más de dos años. Siendo poco rentable la producción ganadera, con un bajo costo el productor obtiene muy poca ganancia para subsistir. Imaginemos si le agregamos el costo del riego en su chacra y el canon que tiene que pagar por pasar el acueducto por el frente de su campo…
6- En 2012 se habló de un canon de riego de 1.300 pesos por hectárea. Un productor que posee monte de 100 hectáreas pagaría, aparte del impuesto Inmobiliario que sigue subiendo, un canon por el solo hecho de que el acueducto pasa por frente a su tranquera de 130.000 pesos, cuando el precio del ternero en pie está deprimido en relación a lo que vale un kilo de carne en las góndolas. La verdad, estos números no cierran, los miramos con productores y profesionales, son inalcanzables para el verdadero productor pyme. Aparte del canon, después hay que pagar el agua, para el mantenimiento de toda esa estructura y un par de empleados.
7- Si uno apenas conoce la zona sabe que los desniveles existentes en la topografía del lugar impiden realizar un acueducto que lleve el agua por simple gravedad. Para esto, los ingenieros a cargo han planteado realizar más de 10 estaciones de rebombeo, cada una de ellas con motores eléctricos que impulsen el agua hacia arriba pudiendo llegar al punto más alto para que luego sí, por gravedad, el agua vaya a su destino. El costo de electricidad sería mayor al consumo que hoy posee la ciudad de La Paz. Por eso digo que quedan muchos interrogantes. La gente por ahí se entusiasma, pero apenas miramos los costos y beneficios nos asaltan las inquietudes. El canal a cielo abierto tendrá un ancho de más de 10 metros, cercado con tejido olímpico en todo su recorrido, con una calle lateral para su mantenimiento y un cableado de alta tensión que lleve la energía a cada estación de rebombeo. ¿No estamos ante una obra muy fastuosa, considerando las necesidades básicas que no están satisfechas en la zona?
8- En 2012 planteé estas cuestiones en una reunión ante la gran mayoría de los técnicos de la zona y donde estaba la gente del Prosap y de Hidráulica de la Provincia. Me trataron como si estuviera en contra del desarrollo de la zona… Que el acueducto venía y que hay que apoyar…
Fuente: http://www.elentrerios.com/politica/acueductos-326-mas-caros.htm
miércoles, 19 de abril de 2017
ALGÚN DÍA SE HARÁ JUSTICIA
Tres proyectos impulsados durante la última década en la provincia se han transformado en paradigmas de la nueva clase política que hemos sabido elegir; en lugar de proteger los bienes públicos encomendados por la sociedad para su custodia, imagina formas de malversarlos.
LEGISLATURA ENTRERIANA S.A.
El primero, y vale recordarlo por la desmesura de quienes lo pergeñaron, consistía en regalarle por noventa y nueve años, las tierras fiscales de la provincia, incluyendo un millón cuatrocientas mil hectáreas de humedales protegidos, y un crédito por cincuenta millones de dólares con garantía de la coparticipación, a una sociedad anónima, por supuesto que no tan anónima, para que estos santuarios naturales fueran destruidos por la agricultura industrial.
Bastó que tomara estado público la ley que se acababa de aprobar por los legisladores, para que en el tiempo record de veinticuatro horas, el mismo poder ejecutivo que la había impulsado la derogase, por el escándalo mayúsculo que se avecinaba. Pero lo más bochornoso no fue la idea pergeñada por los saqueadores de los bienes públicos, sino el hecho que fue avalada por senadores y diputados que se supone tienen la misión de velar por nuestros intereses, pero avalan los planes de los rapiñeros sin ningún pudor.
El segundo, en plena vigencia porque fue aprobado por los legisladores hace pocos días, también encierra un escándalo de corrupción con pocos antecedentes por su magnitud: son los malhadados canales chinos proyectados en áreas del norte provincial, a un costo tan groseramente sobreestimado que hasta el B.I.D. –Banco Interamericano de Desarrollo- , en un gesto poco habitual, dictaminó que la obra en realidad costaría una tercera parte del presupuesto previsto. Recordamos que la misma fue asignada en forma directa por el gobierno saliente a una empresa China, en contravención a todas las normas administrativas vigentes, poniendo claramente de manifiesto que los trescientos millones de dólares, de esa cifra estamos hablando, que se robarían con la construcción de los canales irían a parar a más que sospechadas manos presumiblemente cercanas a los decisores.
Canales con dramáticas e irreversibles consecuencias ambientales, no estimadas por ningún estudio serio y responsable, que, entre otras cosas harían pasar a repentinos millonarios a los propietarios de las tierras linderas, contándose entre ellas una estancia, ubicada al suroeste del proyecto del canal Mandisoví: La Invernada, un fundo de seis mil hectáreas en el departamento Federal, cuya adquisición le fue atribuida al último gobernador de la provincia en dieciocho millones de dólares, a través de una SA fantasma, hecho de corrupción que fue denunciado pero nunca investigado por una sospechada justicia entrerriana, que por estos días ha sido noticia nacional por un crimen que nos conmueve profundamente a todos.
Incluso en el texto del proyecto está mencionado implícitamente esto que denunciamos: …”Los beneficiarios directos del proyecto (canal Mandisoví) son los 74 productores citrícolas que desarrollan su actividad en las Colonias La Fraternidad, Colonia Santa María y Colonia Nº 20 del Dpto. Federación, y 56 productores arroceros y/o ganaderos arroceros ubicados en la zona central y occidental del mencionado departamento, con alguna expansión hacia los departamentos Feliciano y Federal; los mismos serán destinatarios de la obra de infraestructura de riego…”
El tercer proyecto, del que ya hemos hablado extensamente, es la derogación de la Ley 9.759, que habilitaría la compra masiva de tierras de la franja arenosa del río Uruguay por parte de capitales internacionales que las pondrían al servicio de los proyectos celulósicos que están destruyendo la región y que además provocaría el cierre, por desabastecimiento de materia prima, de las industrias entrerrianas procesadores de madera. Desocupación de miles -literalmente- de trabajadores, mayor concentación de la riqueza y en manos extranjeras, menos recursos fiscales para el Estado.
¿A quién le conviene esto? Solo Usted tiene la respuesta.
sábado, 15 de abril de 2017
Suscribirse a:
Entradas (Atom)